Tras su destitución por parte del presidente Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio realizó un último recorrido en el Ministerio del Interior en compañía de su sucesor, Federico González. Al conversar con los medios, el saliente ministro volvió a expresarse sobre la polémica en la que se vio envuelto en las últimas horas tras haber utilizado el vehículo de un supuesto narcotraficante para viajar a Brasil. Al respecto, reiteró que en realidad arrendó el vehículo registrado a nombre de la empresa Ombu S.A., propiedad de Marcus Vinicius Espindola, investigado por las autoridades brasileñas por sus presuntos vínculos con el tráfico de drogas. “Yo le arrendé, hay un contrato de arrendamiento, pedí que envíen la factura al ministerio y por lo visto tenia confianza en mí y por eso envió”, refirió Giuzzio. Según comentó, su vehículo particular había sufrido desperfectos en el lado brasileño y lo tuvo que remolcar con una grúa hasta Ciudad del Este, donde finalmente habría arrendado la camioneta para seguir con su viaje. “En los primeros días de febrero le pedí al cobrador para que pase a cobrar”, expresó durante la entrevista. Esta versión se contradice con lo afirmado por el gerente de Ombu S.A., Gilberto Enciso, quien sostuvo que Arnaldo Giuzzio en realidad prestó el vehículo que era de uso familiar de Vinicius, motivo por el que no figura en los registros de la firma.

Un operativo de la Dirección de Operaciones Urbanas de la SENAD, en el marco del Plan SUMAR, fue ejecutado para detener a un joven de 26 años, quien manejaba un punto de distribución de drogas, unido una serie de acontecimientos delictivos, frente a un centro educativo en el barrio María Auxiliadora.

La comitiva ingresó a la vivienda en compañía del fiscal Marco Amarilla y detuvo a Ronaldo Silva Sandoval de 26 años. Tras un registro del todo el lugar fueron confiscados 24 dosis de crack junto con porciones de cocaína y marihuana. Del lugar también colectaron un arma de fuego.

El hombre cuenta antecedentes por reducción y hurto, con prohibición de salida del país y portación de armas.

Los datos colectados apuntan al joven como responsable de venta de drogas incluso a alumnos de centros educativos. Se expone a pena carcelaria de entre 5 y 15 años.

El implicado ya fue derivado a la Base de Operaciones de la SENAD por disposición del Ministerio Público.

En el transcurso de la tarde del martes se registró un voraz incendio en una vivienda ubicada en el barrio La Amistad de la ciudad de Capitán Miranda.

La propiedad pertenece a Lorena Mabel Osorio de Araujo, quien se encontraba en el lugar en compañía de su familia al momento de iniciar las llamas.

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La edificación -de unos 6x8 metros y con techo de chapa- acabó siendo reducida a cenizas a causa del siniestro, que pudo ser controlado tras la intervención de bomberos voluntarios.

Afortunadamente, Osorio y los demás miembros de su familia resultaron ilesos luego del incendio, por lo que solo se reportan daños materiales.

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Hasta el momento, las autoridades no han logrado determinar las causas del incidente, menciona el portal Más Encarnación.

La idea es extender réplicas de la exitosa sociedad policial-militar que logró reducir a la mínima expresión al EPP y la extinción de la ACA, así como a asestar fuertes golpes a organizaciones criminales en Canindeyú.

El plan, barajado en los Ministerios de Defensa y del Interior, contempla el establecimiento de puestos fijos de comandos, con puntos de conexiones para reacciones rápidas ante eventos que perpetran grupos de delincuentes.

El proyecto en cuestión surge a partir de la necesidad que tiene la Policía Nacional, de reforzar áreas de cobertura, ante la emergencia de pandillas bien organizadas, que cuentan con fuerte capacidad de fuego.

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Producción y tránsito de drogas, atracos a camiones de caudales, cajeros y bancos, ataques piratas en rutas, entre otros rubros delincuenciales, se han acrecentado de manera significativa desde hace unos años.

El plan de seguridad que maneja el gobierno central implica también inversión en tecnología para detección y ataques a agrupaciones ilícitas, que cada vez evidencian mayor capacidad de operaciones, utilizando herramientas de la tecnología.